Thursday, March 4, 2010

El PP sólo ha reconocido las ayudas a la dependencia al 12'5% de los solicitantes en la ciudad

El concejal Julio Such informa de la Generalitat y el Ayuntamiento tienen atascadas 9.292 solicitudes de vecinos de la ciudad, al haber resuelto sólo 1.337 de las 10.625 peticiones registradas

El Grupo Municipal Socialista alertó hoy que el Partido Popular tiene atascadas en el Ayuntamiento de Valencia y en la Generalitat 9.292 solicitudes de discapacitados y mayores vecinos de la ciudad para que se les reconozca el derecho a recibir las prestaciones y cobrar las ayudas previstas en la conocida como ley de dependencia. El concejal Julio Such informó de que sólo el 12,5% de los solicitantes de la ciudad está cobrando o recibiendo las ayudas, pues sólo se han resuelto las peticiones presentadas por 1.337 vecinos, pese a haberse registrado 10.625 solicitudes. La cifra supone un retroceso respecto a las cifras registradas en agosto, cuando se habían resuelto el 12’8% de las 8.055 solicitudes presentadas. El edil lamentó que la estrategia del PP de obstaculizar el desarrollo de la norma en la Comunitat Valenciana impida que los vecinos de la ciudad se puedan beneficiar de una ley llamada a convertirse en el cuarto pilar del estado del bienestar.

El concejal recordó que los ayuntamientos desempeñan un papel fundamental en la tramitación de las solicitudes, pues tras la recepción de la instancia y la valoración de las necesidades del interesado, la administración autonómica remite el caso al Ayuntamiento para que realice una valoración del entorno social. Tras recibir dicha valoración, la Generalitat emite el dictamen y lo remite de nuevo a la administración municipal junto a una propuesta de Plan Individual de Atención. Después, el Ayuntamiento negocia el PIA definitivo con el interesado y lo registra en un acta de acuerdo, que remite de nuevo a la Generalitat para que determine y reconozca qué servicios debe prestar cada administración.

La conocida como Ley de Dependencia entró en vigor el 1 de enero de 2007 y el plazo de presentación de solicitudes de valoración se inició el 23 de abril, fecha de entrada en vigor del Real Decreto 504/2007, que aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia. El decreto autonómico 171/2007, que establece el procedimiento para reconocer el derecho a las prestaciones del sistema valenciano para las personas dependientes, contempla un plazo máximo de seis meses para que la Generalitat resuelva sobre cada caso desde el momento del registro de las instancias. “Sin embargo, pese a los plazos legales y a la dotación económica destinada por el Gobierno, la aplicación de la ley en Valencia está absolutamente paralizada”, lamentó Such.

El concejal socialista informó de que, de acuerdo con las cifras suministradas por el equipo de gobierno municipal en respuesta a unas preguntas presentadas al último pleno, la Generalitat ha registrado 10.625 solicitudes, de las que sólo ha remitido al Ayuntamiento 9.331 para que realice el informe de entorno social. A su vez, el consistorio ha realizado sólo 7.682, con lo que existe un atasco en los servicios municipales de 1.649 solicitudes. De los 7.682 informes de entorno social remitidos por el Ayuntamiento a la Generalitat, la Generalitat sólo ha reconocido las prestaciones económicas o de servicios previstos por la ley a 1.337 residentes de la ciudad de Valencia, lo que representa sólo el 12’5% de las 10.625 solicitudes registradas inicialmente por la Generalitat.

Los planes individuales de atención ya resueltos contemplan 115 servicios de atención residencial, 91 servicios de centro de día, 9 servicios de teleasistencia, 2 servicios de ayuda a domicilio, 1.079 prestaciones económicas para cuidadores no profesionales, 29 prestaciones para el pago de residencias, 6 para el pago de ayudas a domicilio y otras 6 para sufragar el coste de centros de día.

Por centros municipales de servicios sociales, el de Benimaclet tiene registrados 121 planes; el de Campanar, 142; el de Ciutat Vella, 155; el de Salvador Allende, 169; el de Olivereta, 147; el de Trafalgar, 85; el de San Marcelino, 107; el de Fuensanta, 99; el de Natzaret, 43; el de Malva-rosa, 132; y el de Quatre Carreres, 133.

“El Gobierno español impulsó la Ley de Dependencia y la dotó económicamente para que fuera el cuarto pilar del Estado de Bienestar. Sin embargo, el Partido Popular está obstaculizando y poniendo numerosas trabas a su aplicación en la Comunitat Valenciana y en la ciudad”, denunció Such, quien reclamó a la alcaldesa, Rita Barberá, que se ocupe de las necesidades de los dependientes de la ciudad, desbloquee la tramitación de sus solicitudes en el Ayuntamiento y exija a la Generalitat que deje de obstaculizar el desarrollo de la ley.



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