Saturday, March 6, 2010

Antonio Torres denuncia el boicot de la Generalitat a la Ley de Dependencia

Antonio Torres denuncia la invisibilidad de la Ley de la Dependencia ante militantes y simpatizantes de Olivereta y Extramurs

“Desde que se aprobó la Ley de la Dependencia, en diciembre de 2006, el Partido Popular en la Comunidad Valenciana ha mantenido una actitud de boicot, que ha motivado que ésta sea invisible para el ciudadano en nuestra Comunidad”. Así lo manifestó el pasado jueves, el diputado autonómico y portavoz de Bienestar Social del PSPV-PSOE en las Cortes Valencianas, Antonio Torres, ante militantes y simpatizantes de las agrupaciones de Olivereta y Extramuros, en una charla sobre la Ley de la Dependencia y su aplicación en la Comunidad Valenciana.

Torres denunció que esta situación de paralización de la Ley, a la que calificó como “el mayor avance social que se ha producido en los últimos años”, se debe claramente a intereses políticos y económicos del partido que ocupa, en estos momentos, la Generalitat Valenciana.

En este sentido, constató que la puesta en marcha de la Ley de la Dependencia coincidió con las citas electorales de 2007 y 2008, años en los que el gobierno del PP se limitó a conceder ayudas a personas que ya recibían el cheque residencia de la Generalitat, sin crear plazas nuevas y sin destinar el dinero percibido desde el gobierno central, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, al desarrollo de los otros recursos que también contempla la Ley.

En esta misma línea, Torres se refirió al interés personal de uno de los miembros del gobierno valenciano, el conseller Juan Cotino, cuya familia es propietaria de 22 residencias de la Tercera Edad, con la que la Generalitat Valenciana tiene concertadas 2.000 plazas en la Comunidad Valenciana.

Ello, unido a la tardanza en la resolución de las ayudas (con una media de espera de 2 años), ha llevado a la “situación lamentable en la que se encuentra la aplicación de la Ley de la Dependencia en nuestra Comunidad en relación al resto de comunidades autónomas”. De esta forma, Torres afirmó que, mientras que en el conjunto de España 583.000 personas que lo han solicitado, ya están recibiendo algún servicio o prestación, en la Comunidad Valenciana solo son 26.000 las que lo reciben cuando la previsión, en función de la población que tiene nuestra Comunidad, es que deberían estar percibiendo ya ayuda unas 63.500 personas. Según Torres, la paralización de la aplicación de la Ley en nuestra Comunidad ha llevado a perder en 2009, 60 millones de euros que debería haber percibido del gobierno central si las previsiones de aplicación de la Ley se hubieran cumplido al mismo ritmo que en el resto de España.

El portavoz del PSPV-PSOE en las Cortes denunció, asimismo, que, a pesar de la inoperancia que la Generalitat Valenciana está demostrando en la aplicación de la Ley, es más que sospechoso que, ante el anuncio del gobierno central de cambiar los criterios de concesión de ayudas a las comunidades autónomas para la Ley de la Dependencia en función del número de solicitudes registradas, del número de valoraciones y del número de personas que perciben prestación en cada una de ellas, el gobierno del PP en la Comunidad Valenciana se haya apresurado a registrar en el mes de diciembre 37.000 nuevas solicitudes, lo que demuestra una intencionalidad claramente económica por parte del gobierno de Francisco Camps, puesto que, en 2009, solo hay 3.000 personas más que están percibiendo la ayuda de la Ley de la Dependencia. En este sentido, Torres destacó que cabe preguntarse dónde va a parar el dinero que se está percibiendo para las ayudas y que no está llegando a los ciudadanos.

Torres señaló, igualmente, que en la Comunidad Valenciana tampoco se ha desarrollado el catálogo de servicios que contempla la Ley, como la teleasistencia, la ayuda a domicilio, la figura del asistente personal o la figura del cuidador, que debe desarrollar el gobierno de la Generalitat, y que supondría estar creando en estos momentos miles de nuevos puestos de trabajo.

Por último, el portavoz del PSPV-PSOE afirmó que 4.000 personas han presentado ya su queja ante el Síndic de Greuges por sentirse perjudicadas ante la no aplicación de la Ley de la Dependencia en nuestra Comunidad y que el 50% de las quejas presentadas ante el Defensor del Pueblo por este mismo motivo proceden de nuestra Comunidad y de la Comunidad de Madrid, donde el gobierno de Esperanza Aguirre también está paralizando la aplicación de la Ley. Torres animó a no caer en la frustración y a seguir reivindicando el derecho a ayuda que reconoce la Ley de la Dependencia.



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